La magistrada Cueto fue designada en el cargo de manera interina en marzo.

La procuradora electoral interina, Gisela Cueto, dio positivo a una prueba rápida de COVID-19, según informó ayer la Procuraduría General de la República (PRG).

La institución indicó que la magistrada se mantiene estable y está recibiendo tratamiento ambulatorio en su residencia por lo que, por el momento, continuará de manera activa, pero de forma remota, al frente de la Procuraduría Especializada de Delitos Electorales, que es la encargada de fiscalizar las prácticas ilegales durante las elecciones, pautadas para mañana.

“Se le están practicando otros estudios más profundos, cuyos resultados están pendientes, manteniéndose, por el momento, en buen ánimo y activa”, agregó la PGR, que además indicó que se realizaron las pruebas a todo el personal que estuvo en contacto con Cueto.

En ese sentido, dijo que las pruebas rápidas realizadas al personal que labora en esa dependencia dieron negativo, procediéndose luego a realizarle las pruebas PCR, cuyos resultados también están pendientes de entrega.

Además, informó que se desinfectaron las áreas de ese órgano especializado del Ministerio Público.

Aunque no se ha dicho si alguien estará en su representación de manera presencial durante en el proceso electoral.

Las denuncias serán claves para perseguir delitos electorales
Independientemente de esto, otra vez, las denuncias que realicen los ciudadanos, organizaciones cívicas o partidos políticos sobre la ocurrencia de delitos electorales durante las elecciones, que se harán mañana, serán claves para quienes incurran este práctica sean procesados, ya sean candidatos, funcionarios electorales o cualquier otra persona.

Existen diferentes tipos de delitos electorales, entre ellos uno de las más usados desde hace tiempo, la compra y venta de cédulas, que conlleva una pena de dos años de cárcel y una multa, según establece el artículo 282 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral No. 15-19.

La legislación también establece otras sanciones que van desde reclusión carcelaria de un mes hasta dos años y multas de hasta diez salarios mínimos del sector público dependiendo del tipo de infracción cometida.

Votar con una cédula falsa o alterada establece también una pena de dos años de prisión, al igual que robar o modificar actas o boletas, de acuerdo a los artículos 282 al 284 de la Ley Electoral.
El impedir que los ciudadanos ejerzan su voto y coartarlo de ello, la Ley, en los artículos 285 y 286 establece un año de cárcel y una multa.

Fiscales deben trabajar en los 16,001 colegios

Los fiscales deberán velar para que si en uno de los 16,001 colegios electorales que hay a nivel se cometa algún delito de este tipo, se pueda proceder, tras evaluar si la situación tiene todos los méritos para que se lleven a los tribunales. Además de recibir denuncias, los magistrados podrán someter a las personas que incurran en este hecho de forma oficiosa. Mañana están convocados a votar 7 millones 529 mil 923 dominicanos para elegir 264 cargos.